Ley 11/2018: alcance, retos y posibilidades de la última ley sobre sostenibilidad empresarial
Hasta ahora, las grandes empresas españolas solo estaban obligadas a publicar su información económica. Ahora deberán también informar de su impacto ambiental y social. La causa es la ley 11/2018 de información no financiera y diversidad, que tiene su origen en una Directiva europea: 2014/95/UE.
Esta medida, orientada a fortalecer la confianza de inversores y consumidores, conlleva un nuevo reto para las empresas en España. La mayor dificultad para cumplir la ley 11/2018 reside en “la profesionalización, la automatización y el control de los procesos de gestión de datos”, según el análisis de EY (pdf). El desafío es grande pero conlleva grandes beneficios a medio plazo.
¿Qué índices ambientales debe medir una empresa?
Teniendo en cuenta la normativa vigente, los informes empresariales deben cubrir aspectos como el nivel de contaminación, el fomento de la economía circular, la gestión de residuos, el uso sostenible de los recursos o la protección de la biodiversidad. Para la mayoría de las empresas, informar correctamente sobre su impacto ambiental se concreta en el seguimiento de estos índices:
- Emisiones de CO2 directas.
- Emisiones indirectas (movilidad empleados, viajes, transporte de mercancías).
- Consumo de agua.
- Generación de residuos.
¿Cómo puede una empresa sacar partido a la medición ambiental?
El primer resultado de medir el impacto ambiental es asegurar el cumplimiento de la ley 11/2018. Pero hay claras ventajas derivadas:
- Esos datos aportan luz a las decisiones estratégicas.
- Mediante comparaciones entre períodos de tiempo o centros de trabajo, se identifican buenas prácticas y se definen objetivos de mejora.
- Los índices ambientales ofrecen las evidencias necesarias para obtener licitaciones y contratos.
- La medición anual y comparada facilita un plan de comunicación realista y positivo.
- Demostrar una mejora en KPIs es también la llave de acceso a nuevas formas de financiación como préstamos verdes.
¿A qué empresas afecta la ley 11/2018?
La ley 11/2018 tendrá una aplicación escalonada y creciente. Desde su entrada en vigor, obliga a sociedades con más de 500 trabajadores que, además, sean entidades de interés público o reúnan al menos dos de las circunstancias siguientes durante dos ejercicios consecutivos:
- El total de las partidas del activo supera los 20 M€.
- El importe neto de la cifra anual supera los 40 M€.
- Más de 250 empleados.
A partir de 2021, la ley se aplicará también a empresas con más de 250 empleados, lo que aumenta considerablemente el número de organizaciones en España que se verán obligadas a reportar su información no financiera.
Mediante las adecuadas herramientas de medición, las empresas simplifican los procesos de cálculo y análisis del impacto ambiental. La misión de GreeMko es facilitar el paso del reporte a la gestión activa. En palabras de Mar Robles: “Las empresas necesitan tiempo para descubrir ahorros potenciales, identificar mejoras y comunicar las acciones que se llevan a cabo. La tecnología puede darles ese tiempo”.
